Criptodivisas y transposición española de la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo
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Criptodivisas y transposición española de la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo

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La normativa española lanza un anteproyecto para regular a los proveedores de servicios relacionados con criptomonedas en el ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). En este artículo te explicamos las implicaciones para el ecosistema de criptoactivos.

Ayer, día 15 de junio de 2020 fue publicado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (Ley 10/2010), cuya finalidad es transponer la Quinta Directiva de la Unión Europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

Esta Directiva europea ya nos anticipaba que iban a aparecer dos nuevos sujetos obligados a cumplir estas normativas procedentes del criptomundo:

  • Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y;
  • proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.

La Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) también traía consigo algunas definiciones que se hacían eco en el ecosistema de las criptomonedas y activos digitales:

  • “Monedas Virtuales”: Representación de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.
  • “Proveedor de servicios de custodia de monederos electrónicos”: una entidad que presta servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.

Sin embargo, la transposición a la normativa de la Directiva Europea no se ha limitado a incluir los puntos antes citados a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, sino que añade otra serie de aspectos a tener en cuenta.

Aspectos relevantes de la transposición española que afectan a los Activos Digitales

1. Sujetos Obligados. Ampliación del alcance de la norma a servicios de cambio de moneda virtual a moneda virtual (Crypto-to-Crypto)

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) o FAFT (por sus siglas en inglés, de forma posterior a la aprobación de la 5ª Directiva de PBC, recomendó que se incluyese como sujetos obligados en sus respectivas normativas a los proveedores de servicios de cambio entre diferentes monedas virtuales (y no sólo entre monedas virtuales y divisas de curso legal), es decir, Crypto-to-Crypto, además de que se los Estados lleven un registro de los mismos.

Así, el regulador español ha decido incorporar también estas previsiones.

En virtud del anteproyecto, serán finalmente sujetos obligados a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales:

  • Los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales, 
  • de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, 
  • de transferencia de monedas virtuales y;
  • de custodia de monederos electrónicos. 

Se entenderán sujetas a la esta ley las personas no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las citadas en los apartados anteriores”.

2. Mención a los “Security Tokens”

En la referida recomendación, GAFI también recomendaba la regulación de proveedores de servicios financieros que permitan la emisión y negociación de activos virtuales que tengan la consideración de valores negociables, es decir, Security Tokens.

No obstante, el regulador español ha decidido no dar una referencia específica a esta cuestión, dado que la consideración de valor negociable que estipula la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supone la aplicación del régimen existente para el resto de valores negociables, ya sujetos a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.

3. Definiciones

Al igual que la Directiva Europea, el anteproyecto también introduce definiciones de los elementos relacionados con el ecosistema crypto a los que afecta esta regulación:

  • Moneda virtual: Aquella representación digital de valor no emitida o garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.
  • Cambio entre monedas virtuales: Intercambio entre uno o varios tipos de monedas virtuales.
  • Cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria: Compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de cambio en el país en el que haya sido emitido.
  • Proveedores de servicio de custodia de monederos electrónicos: Aquellas personas físicas o jurídicas que prestan servicios de salvaguardia o custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento o la transferencia de monedas virtuales.

4. Registro de Proveedores 

Por otra parte, el anteproyecto también añade una disposición sobre el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y monedero de custodia.

En este sentido, aquellos que provean registro de proveedores de servicios a residentes en España relacionados con las definiciones anteriormente desarrolladas deberán estar inscritas en un registro constituido a tal efecto en el Banco de España (BdE).

Deberán inscribirse en dicho registro:

  • Personas físicas que presten estos servicios cuando la dirección y gestión de las actividades se ejerza en España, con independencia de la ubicación de los destinatarios del servicio. Añade el anteproyecto que los requisitos de vinculación de los servicios a España se determinarán reglamentariamente.
  • Personas jurídicas establecidas en España que presten estos servicios, con independencia de la ubicación de los destinatarios.

Además, el acceso a este registro se condicionará al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que se determinen reglamentariamente. Si se incumpliesen los requisitos de honorabilidad se determinará la pérdida de la inscripción en el referido registro.

El órgano competente para supervisar el cumplimiento de la obligación de registro y condiciones de honorabilidad será el Banco de España.

En cuanto a los plazos para la inscripción en el registro:

  • Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual, cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y monedero de custodia estará en funcionamiento en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
  • Las personas físicas o jurídicas que estuvieran prestando a residentes en España alguno de los servicios que se describen anteriormente deberán inscribirse en dicho registro del Banco de España en un plazo máximo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Ley.

Por último, pero no menos importante, también habla el anteproyecto del régimen sancionador por el incumplimiento de los requisitos de registro, constituyendo infracciones muy graves la prestación de servicios sin contar con el preceptivo registro y graves si la actividad es ocasional o aislada.

Otros aspectos generales de la transposición española 

1. Titulares Reales

Por otro lado, la 5ª Directiva reforma también todo lo relativo al registro de titulares reales, estableciendo que se cree un sistema de acceso público que no se limite únicamente a sujetos obligados y autoridades.

Para ello, la normativa española creará un nuevo modelo de identificación de titularidad real partiendo de la creación de un Registro único en el Ministerio de Justicia, centralizando la información de los registros. y bases de datos del Consejo General del Notariado y el Registro Mercantil.

Dicho registro se conectará con los registros de la UE y controlará los accesos.

Esta nueva normativa establecerá la obligación de obtener, conservar y actualizar la información de titularidad real y su provisión a autoridades y sujetos obligados.

Los datos que se requerirán a las personas físicas titulares reales en relación con lo explicado anteriormente, serán los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Fecha de nacimiento
  • Tipo y número de documento identificativo
  • País de expedición del documento identificativo
  • País de residencia
  • Nacionalidad
  • Criterio que cualifica a la persona como titular real
  • Porcentaje de participación en caso de titularidad real por propiedad (directa o indirecta) o información sobre personas jurídicas interpuestas y su participación en caso de propiedad indirecta.
  • Aquellos otros que se determinen reglamentariamente.


2. Identificación Telemática 

Este anteproyecto también desarrolla la identificación por parte de sujetos obligados cuando las relaciones de negocio u operaciones se realicen por medios telemáticos, electrónicos o telefónicos con clientes que no se encuentren físicamente presentes, que deberá ser de alguna de las siguientes formas:

  • Que la identidad del cliente se acredite mediante firma electrónica cualificada de acuerdo con el Reglamento Europeo de Identificación Electrónica.
  • Que el primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una identidad domiciliada en España, en la UE o en terceros países equivalentes.
  • Que se verifiquen los requisitos establecidos reglamentariamente.


3. Responsabilidad de los Expertos Externos

Este anteproyecto también modifica las responsabilidades de los expertos externos encargados de realizar los informes sobre la adecuación de la s medidas de prevención establecidas por un sujeto obligado con las exigencias de la normativa en vigor.

4. Representante 

Además, el anteproyecto establece que los sujetos obligados han de designar como representante ante el SEPBLAC a una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.

Como podemos observar, se trata de una transposición de la Directiva que desarrolla de forma muy amplia a los agentes que presten servicios de intercambio o custodia de criptoactivos y que va a suponer un antes y un después para los prestadores de servicios relacionados en España.

El reglamento que siga a esta Ley terminará de matizar algunas de las incógnitas que aún quedan por resolver, sobre todo, en materia de diligencias debidas que se habrán de llevar a cabo en un sector tan singular como el de las criptomonedas.

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